Por Roberto Pagán Rodríguez, Presidente del SPT, local 1996 SEIU

Cuando triunfó la candidatura a la gobernación de Luis Fortuño en 2008, estaba muy clara su agenda neoliberal. De inmediato nombró el Consejo Asesor de Reconstrucción Económica (CAREF) integrada por destacados personajes de las finanzas y las empresas, excluyendo a cualquier otro sector de la sociedad.

Las recomendaciones del CAREF no se hicieron esperar: aumentos en arbitrios y contribuciones regresivas, el despido de empleados públicos, eliminación de agencias, creación de Alianzas Público/Privadas, reducción de fondos y aumento de matrícula en la Universidad, reducción de los servicios públicos de salud y educación, entre otras.

Nuestro pueblo supo responder con la rapidez que el momento ameritaba. Para inicios del 2009 ya se habían constituido Todo Puerto Rico por Puerto Rico y otros organismos que aglutinaron su poder y capacidad individual en fuerza colectiva, convirtiéndose en una muralla que detuvo buena parte de la agenda destructiva que se pretendió imponer.

En el 2013 tomó posesión la administración de Alejandro García Padilla prometiendo poner a “la gente primero” y defender el servicio público. Pero la realidad ha sido otra. Culminó la privatización del aeropuerto Luis Muñoz Marín y redujo los beneficios de los pensionados, se aumentó el IVU mientras las megatiendas y otras grandes corporaciones han continuado gozando de privilegios contributivos. La mudanza a la Isla de millonarios que tienen total exención contributiva se presentó como el buque insignia de la política económica de su Gobierno. En fin, más privilegios para los ricos mientras “los perdedores” (en palabras del Secretario de Desarrollo Económico) nos tenemos que conformar con un deterioro aún mayor de nuestra calidad de vida.

Además, se le ha negado al país información financiera, siguen vigentes los contratos privados onerosos que solo benefician a los inversionistas políticos y se someten en Cámara y Senado proyectos para ampliar la privatización y  municipalización de servicios, y para eliminar derechos laborales de trabajadores en el sector público y privado. Los planes de pensión solo han recibido unos $18 millones, a pesar de que por ley desde el 2013 debían aportarse $350 millones anuales, lo que anuncia su insolvencia, precarizando aún más las condiciones de nuestros retirados. Por otro lado, ya son más de 16,000 los puestos de empleados públicos que se han eliminado, afectando aún más la prestación de servicios en las agencias.

En cuanto al manejo de la deuda pública, el Gobierno abrió la puerta a los “fondos buitres” con la emisión de $3.5 billones en bonos. Y aunque ha dicho que va a poner primero a la gente, se continúan degradando agencias y corporaciones para posibilitar el pago a la deuda, mientras espera la tabla de salvación del Congreso de Estados Unidos que no llega. Evidentemente no quieren enfrentar a los bonistas, pues ni siquiera han nombrado la Comisión de la Auditoría de la Deuda, seis meses después de la aprobación de la ley que lo ordena.

Se acerca un momento crucial el próximo mes de enero, cuando se cumple el pago de casi $900 millones de deuda y si el Gobernador continúa con su práctica, sucumbirá una vez más a los bonistas y pagará, sin importar el efecto sobre Puerto Rico.

Si no se emite el pago, nuestro País deberá enfrentar la ofensiva legal, control político y campaña de relaciones públicas de poderosos fondos de inversión, sin la debida preparación y cohesión que debió proporcionar nuestro liderato político electo.

Aunque se han dado importantes luchas e iniciativas, han sido de manera fragmentada, por lo que nos parece que debemos redoblar esfuerzos para organizarnos con la efectividad que el momento requiere. ¡Es urgente y es nuestro deber!