Posición del SPT sobre la Ley de Sustentabilidad Fiscal

foto roberto en negociación

Roberto Pagán, presidente del SPT, junto al vicepresidente Israel Marrero.

Ponencia del SPT ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes

(presentada por Roberto Pagán Rodríguez, presidente del SPT)

Buenas tardes, agradecemos la invitación del representante Rafael Hernández Montañez, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes  para comparecer a esta Vista Pública  sobre el Proyecto de Ley Núm. 1922. Sometemos nuestro memorial a nombre de sobre 11 mil afiliados al Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores, Local 1996-SEIU afiliada a la Unión Internacional de Empleados de Servicio, que tiene una membresía de 1.8 millones de trabajadores en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico.

Este Proyecto y su similar del Senado 1092, fue enviado por el Gobernador y radicado por la mayoría del Partido Popular Democrático, y propone medidas de austeridad fiscal que entrarían en vigor el 1ro. de julio próximo y tendrían vigencia hasta el 1 de julio de 2017, con la salvedad de que se podría extender de así entenderlo el Ejecutivo.

Entre otras medidas, este proyecto de ley dispone congelar los aumentos salariales, a la aportación a planes médicos y beneficios pautados en los convenios colectivos de los empleados de agencias del gobierno central, le pone un tope a los bonos de navidad y verano, suspende el pago de compensaciones extraordinarias por licencias acumuladas y el pago de otras bonificaciones. También ordena la consolidación de actividades y centros de trabajo, el control de tiempo extraordinario y la reubicación de personal.

De entrada tenemos que plantear que las medidas contenidas en esta Ley siguen la política que se viene imponiendo en Puerto Rico por décadas y que identifica al servicio público como el problema y no la solución.

Puerto Rico ha sido empujado a un ciclo vicioso donde se deteriora la economía, los inversionistas de Wall Street otorgan préstamos a muy altos intereses para “solucionar los problemas” que generan un endeudamiento insostenible, requiriendo que el estado vuelva a tomar prestado para pagar la deuda. Al final los prestamistas y sus intermediarios hacen ganancias multimillonarias a costa del empobrecimiento de las y los puertorriqueños.

La reciente degradación crediticia de los bonos de Puerto Rico es otra vuelta en este círculo vicioso. Las agencias acreditadoras –que alentaron al estado a tomar prestado más allá de su capacidad de repago—han empeorado las condiciones para que el gobierno pueda implantar un plan de recuperación

Durante los últimos años, las y los empleados públicos, son quienes han aportado los sacrificios más notables a la hora de ajustar el presupuesto del país. Se nos han reducido o eliminado derechos adquiridos y aumentado las responsabilidades y deberes. Un cálculo realizado con los propios números que ha emitido el Gobierno, coloca la cifra en miles de millones de dólares, entre ahorros en nómina por despidos y congelación de plazas, eliminación de aumentos salariales negociados en los convenios colectivos y enmiendas a las leyes de Retiro dirigidas a evitar las aportaciones que el Gobierno debía realizar para sostener el compromiso de permitir un ingreso mínimo a los servidores públicos una vez se retiran. Los servidores públicos no pueden ser quienes sigan cargando sobre sus hombros la responsabilidad de mantener a flote al país.

Los trabajadores organizados hemos denunciado además el manejo irresponsable de los fondos públicos por parte de los gobiernos de turno. El comportamiento erróneo de pagar deuda mediante emisiones de bonos en vez de desarrollar un modelo económico que aumente los ingresos gubernamentales y active el flujo de capital local, es ejemplo de este mal manejo.

Ofrecerle exenciones contributivas y subsidios salariales a Walmart y otras megacorporaciones, para que se lleven el capital fuera de la Isla es otro ejemplo de lo que mencionamos. La evidente complicidad de muchas de estas empresas para evitar el pago de impuestos el pasado mes de abril, y su queja de que la Patente Nacional les es onerosa, mientras muchas de ellas reportan aumentos de ganancias, es una burla al país.

La Patente Nacional es un ejemplo de una política contributiva correcta, aunque insuficiente, mientas persistan los privilegios contributivos que aún tienen grandes Corporaciones que sacan del país miles de millones en ganancias.

Otra manera errada de enfrentar los retos que enfrenta nuestro país es una iniciativa que tienen ante su consideración y es la de regionalizar los servicios públicos. Tal como se propone, la regionalización lo que provocará es un caos en los servicios que se brindan al pueblo y un castigo adicional a los servidores públicos.

Como ya le hemos presentado y argumentado a los miembros de la mayoría y minoría de este Cuerpo, es indispensable que para cualquier proyecto de regionalización de los servicios públicos se tomen en consideración la experiencia y las aportaciones de quienes mejor conocen el funcionamiento de las agencias que son las y los empleados que le dan vida.

Por otra parte, el Gobierno ofreció una vía alterna previa a la implantación de estas medidas que es la negociación de las mismas con los sindicatos del sector público.

La Junta Consultiva de nuestro Sindicato, compuesta por subcoordinadores, delegados generales, líderes en licencia sindical y directivas de capítulos locales acordó que, debíamos participar del proceso de negociación que ofrecía el Gobierno y que para ello se tenían que poner sobre en la Mesa de Negociación los siguientes asuntos, entre otros:

  • La urgente y prácticamente inevitable renegociación o restructuración de la deuda del gobierno.
  • Revertir la subcontratación de servicios que en la mayoría de los casos resultan ser más caros que los provistos por empleados de las agencias.
  • Detener la regionalización de las agencias hasta tanto se asegure mediante acuerdo, la protección de los derechos y beneficios de los trabajadores.
  • Ponerle freno a la práctica de mantener a trabajadores por años en estado de incertidumbre nombrándoles en puestos transitorios o temporeros.
  • Negociación del impacto de esta la ley con los sindicatos de las corporaciones públicas.

De manera que, como es conocido públicamente, varios Sindicatos hemos coincidido en sentarnos a la mesa a ser parte de la solución. Pero advertimos que es inadmisible una negociación que solo considere más recortes en gastos, y no atienda problemas fundamentales que han provocado la crisis que hoy vivimos. Además sería un agravante aprobar una ley como la que hoy se considera en estas vistas, que pone una guillotina sobre los servidores públicos, y que dejarían caer el próximo 1ero de julio. Permitan un proceso de negociación libre y detengan la aprobación de esta nefasta ley.

En su lugar, propicien la implantación de medidas como las propuestas por el grupo multisectorial nombrado recientemente por el Gobernador, que aún esperan por su implantación, o las que hemos propuesto por los sindicatos y otros sectores de nuestra sociedad.

Como ha dejado claro la declaración del liderato de base de nuestra unión, nuestro Sindicato está dispuesto al diálogo y la negociación, pero siempre listo para la lucha y la movilización, en defensa del servicio público, del bienestar de puerto Rico y el derecho de las y los trabajadores.

Muchas gracias

21 de mayo de 2014, Capitolio de Puerto Rico, San Juan

ManoloPosición del SPT sobre la Ley de Sustentabilidad Fiscal
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