(San Juan, 18 de junio de 2020)– El Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras (SPT) lanzó una campaña de denuncia pública titulada “¿POR QUÉ WANDA , POR QUE? llamando la atención sobre las actuaciones desatinadas de la gobernadora Wanda Vázquez Garced, y cuyos mensajes aparecerán en vallas, radio, televisión y prensa digital.
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El Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras (SPT), otorgará 10 becas de $500 a estudiantes matriculados en el año académico 2020-2021.
El pasado lunes 21 de octubre juramentó la nueva Directiva Nacional del SPT que dirigirá los destinos de la organización por los próximos tres años.
El SPT-PR denunció la situación de discrimen laboral por la que atraviesan miles de asistentes de estudiantes de educación especial, así como la contratación millonaria e innecesaria de compañías privadas de limpieza por parte del Departamento de Educación (DE).
El Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras (SPT) denunció la situación de discrimen laboral por la que atraviesan miles de asistentes de estudiantes de educación especial así como la contratación millonaria de compañías privadas de limpieza por parte del Departamento de Educación (DE).
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El Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras (SPT), anunció su rechazo a negociar con la Junta de Control Fiscal (JCF), en el marco del caso de quiebra bajo el título III de la Ley Promesa que se sigue en la sala de la jueza federal Laura Taylor Swain.
En la presentación de un Memorial ante la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Representantes de Puerto Rico los sindicatos que integran la Alianza Sindical expresaron unánimemente su rechazo al Proyecto de la Cámara 1671 de la autoría del representante Navarro Suárez, por considerar que el mismo atiende un asunto que ya fue
Cinco uniones obreras del sector público le exigieron al
gobierno de Ricardo Rosselló que detenga la campaña antisindical que ha desatado en las agencias del
gobierno central imponiendo medidas que violan el derecho de las y los trabajadores a organizarse y
negociar con el patrono sus condiciones de trabajo y salarios.
Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico, el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y
Trabajadoras, la Unión General de Trabajadores y la Federación Central de Trabajadores, alertaron a
las y los empleados del sector público sobre la avalancha de rumores y órdenes de supervisores
dirigidas a debilitar su organización y liquidar el derecho a la negociación colectiva.
Las uniones denunciaron que las medidas que pretende imponer el gobierno de Rosselló, en la práctica
usurpan los poderes legislativos al enmendar y cancelar leyes y procedimientos que protegen a las y los
empleados públicos.
El viernes pasado estos mismos sindicatos radicaron un recurso de Interdicto ante el Tribunal Superior
de San Juan solicitando que detenga de inmediato la intromisión indebida del Gobierno, como patrono,
en los asuntos de las uniones y sus afiliados y en defensa del derecho a organizarse.
Tomando como excusa la reciente determinación del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso
Janus v Afscme, en que se prohíbe el cobro de cargos por servicios a empleados públicos desafiliados
de la unión, el Secretario del Trabajo y la Secretaria de Justicia emitieron un memorando que cancela la
pertenencia al sindicato y pone en manos del patrono un nuevo proceso de reafiliación.
A raíz del memorando, que ha sido impugnado en el tribunal, han circulado decenas de órdenes e
instrucciones por parte de supervisores en las distintas agencias del gobierno central que superan las
incongruencias e ilegalidades ordenadas por La Fortaleza.
El liderato obrero aclaró que la desafiliación masiva impuesta por el gobierno le arrebataría a las y los
trabajadores afectados los derechos y beneficios negociados en los convenios colectivos como son la
aportación patronal al plan médico, los recursos de quejas y agravios y otros derechos consignados en
los convenios.
“La unión es la única línea de defensa de los trabajadores que le pone un freno y un detente al Estado
para que no puedan imponer a su antojo sus planes de despidos masivos, movilidad, traslados,
eliminación de derechos y beneficios, privatización y mantener el padrinazgo. Por esta razón, el
Gobierno está utilizando el caso Janus, para crear un nuevo estado de derecho laboral ilegal y unilateral
para debilitar la fuerza de los trabajadores organizados” explicó Annette González, presidenta de
Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico, Concilio 95 AFSCME.
Para el presidente de la Unión General de Trabajadores, Gerson L. Guzmán López, la radicación de
este interdicto se hace pertinente “ante la ofensiva asumida por el Ejecutivo, intentando imponer su
tergiversada visión de la sentencia del caso Janus, con la cual pretenden arrebatarle a los trabajadores
su fundamental herramienta de lucha”.
Por su parte, Roberto Pagán, presidente del SPT declaró que “la administración de Ricardo Rosselló,
una vez más, pretende legislar desde La Fortaleza enmendando leyes y reglamentos de manera
arbitraria. Tienen la misma intención que con la derogación de la Ley 80 que es quitar derechos y
empobrecer más a las familias trabajadoras”.
Para el secretario tesorero de la FCT, local 481 UFCW, Juan Cortés Valle, el Memorando de la
Secretaria de Justicia y el Secretario del Trabajo “constituye una acción antidemocrática, un burdo
intento por acallar la voz social que representan las uniones para silenciar cualquier disidencia. Están
malinterpretando y exagerando la decisión judicial para su propio beneficio”.